La estúpida Ley de Defensa de la República española de 1931.


La Constitución de la II República de 1931, a diferencia de la actual Constitución del 78, no se sometió nunca a referendum y que, en su elaboración, la mayoría del Congreso de los Diputados se negó a consensuar nada con la minoría; pero es que además aquellos mandatarios repúblicanos planearon darle un viso de legalidad a la conculcación de valores democráticos que acompañaría a sus gobiernos. Buena prueba de ello es la reveladora Ley de Defensa de la República,que hace pensar en el porqué le haría falta a una Constitución un apéndice represivo como esta ley; a no ser porque los promotores de aquella Carta Magna supieran que habían producido un descomunal engendro legal, socil y moral.

Transcribo a continuación la mencionada Ley de Defensa de la República, floreada con algunas notas que no me he resistido a añadir:

Artículo 1. Son actos de agresión a la República y quedan sometidos a la presente ley:

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  1. La incitación a resistir o a desobedecer las leyes o las disposiciones legítimas de la Autoridad;

  1. La incitación a la indisciplina o al antagonismo entre Institutos armados, o entre éstos y los organismos civiles;

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  1. La difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público;

ABC censurado.es

  1. La comisión de actos de violencia contra personas, cosas o propiedades, por motivos religiosos, políticos o sociales, o la incitación a cometerlos;

Dependiendo de quién fuese el agresor. Esta fotografía muestra a republicanos cometiendo un sacrilegio.

Dependiendo de quién fuese el agresor. Esta fotografía muestra a republicanos cometiendo un sacrilegio.

  1. Toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones u organismos del Estado;

     6. La apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras;

Caso de los asesinados en Paracuellos, cuyos nombres fueron sacados de la lista de suscriptores del diario ABC

 

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  1. La tenencia ilícita de armas de fuego o de substancias explosivas prohibidas;

Pablo Iglesias: “El derecho a portar armas es un derecho de la democracia”

 

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  1. La suspensión o cesación de industrias o labores de cualquier clase, sin justificación bastante;

  1. Las huelgas no anunciadas con ocho días de anticipación, si no tienen otro plazo marcado en la ley especial, las declaradas por motivos que no se relacionen con las condiciones de trabajo y las que no se sometan a un procedimiento de arbitraje o conciliación;

  1. La alteración injustificada del precio de las cosas;

Durante el reinado de Alfonso XIII y siendo Presidente del Consejo de Ministros Álvaro Figueroa, Conde de Romanones, ya se recogió este delito en el R.D. de 6 de marzo de 1919 que disponía: “La política intervencionista en el régimen de abastos ha sido impuestapor la necesidad de atender con los recursos nacionales a las demandas de consumo, y exigen que se pongan todas las persona y entidades al servicio de ella con igual solicitud”

 

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  1. La falta de celo y la negligencia de los funcionarios públicos en el desempeño de sus servicios.

Otra normativa que ya fué creada en el s.XIX, como apunta Belén Marina Jalvo en su tratado “El régimen disciplinario de los funcionarios públicos” (Editorial Lex Nova, 2006) Ver texto en http://goo.gl/hJItzw

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Artículo 2. Podrán ser confinados o extrañados, por un período no superior al de vigencia de esta ley, o multados hasta la cuantía máxima de 10.000 pesetas, ocupándose o suspendiéndose, según los casos, los medios que hayan utilizado para su realización, los autores materiales o losinductores de hechos comprendidos en los números 1 al 10 del Artículo anterior. Los autores de hechos comprendidos en el número 11 serán suspendidos o separados de su cargo o postergados en sus respectivos escalafones. Cuando se imponga alguna de las sanciones previstas en esta ley a una persona individual, podrá el interesado reclamar contra ella ante el señor Ministro de la Gobernación en el plazo de veinticuatro horas.

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Cuando se trate de la sanción impuesta a una persona colectiva, podrá reclamar contra la

misma ante el Consejo de Ministros en el plazo de cinco días.

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Artículo 3. El Ministro de la Gobernación queda facultado:

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  1. Para suspender las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, religioso o social, cuando por las circunstancias de su convocatoria sea presumible que su celebración pueda perturbar la paz pública;

  1. Para clausurar los Centros o Asociaciones que se considere incitan a la realización de actos comprendidos en el Artículo 1 de esta ley;

  1. Para intervenir la contabilidad e investigar el origen y distribución de los fondos de cualquier entidad de las definidas en la Ley de Asociaciones; y,

  1. Para decretar la incautación de toda clase de armas o substancias explosivas, aun de las tenidas lícitamente.

Artículo 4. Queda encomendada al Ministro de la Gobernación la aplicación de la presente ley. Para aplicarla, el Gobierno podrá nombrar Delegados especiales, cuya jurisdicción alcance a dos o más provincias. Si al disolverse las Cortes Constituyentes no hubieren acordado ratificar esta ley, se entenderá que queda derogada.

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Artículo 5. Las medidas gubernativas reguladas en los precedentes Artículos no serán obstáculo para la aplicación de las sanciones establecidas en las leyes penales.

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Artículo 6. Esta ley empezará a regir al día siguiente de su publicación en la Gaceta.

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Cuando vemos y oímos a una parte reaccionaria de los políticos actuales hacer ciertas propuestas irresponsables como intención de su hipotético gobierno, no podemos dejar de pensar en que buscan volver a hacernos repetir los mismos errores que tuvieron las consecuencias que cualquiera que conozca un poco de la historia de España sabe a la perfección.

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Lo que no cabe en cabeza humana es entender porqué después de haber disfrutado de tres décadas de desarrollo, se desentierra ahora, por parte de algunos, el deseo de deshacer lo conquistado. Y es que cuando se remueve malintencionadamente temas como los recogidos en la ley -en minúsculas, si- de memoria histórica, y se le suma algún complejo del Gobierno actual, hace que nos encontremos con este panorama actual que nos toca padecer.

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