Cuba: Medio siglo con libreta de racionamiento, cinco décadas de hambre.


La Habana que parece un suburbio de sí misma, donde cada vez hay más barrios y manzanas con el espíritu y la traza de pueblos de campo. De hecho, es como si todo el país, harapiento y resudado, viviera en un portal, tapándose con un Granma y con una botella de ron casero al alcance de la mano. Piden dinero, soportan ferocidad e indiferencia, beben, rebuscan en la basura; los más emprendedores venden latas. ¿Son estos técnicamente mendigos o no? ¿Lo son las mujeres que corren con un niño en brazos hacia el grupo de turistas? ¿Lo son los ancianos que venden maní?

La vecina del apartamento de arriba le dice a voces a la de la planta baja: ¡llegó el pollo por pescado… y vence mañana!. El grito recuerda que ya pasa de 50 años la instauración de la cartilla de racionamiento, un sencillo adminículo que todavía cumple relativamente sus funciones como instrumento de control oficial, procurando igualar la pobreza de los cubanos.

 

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La libreta“, como popularmente se le conoce, desempeña la doble misión de aliviar las crónicas carencias alimentarias de la familia cubana distribuyendo algunos productos básicos a precios subsidiados, y a la vez, de servir al gobierno como un instrumento más de dominación sobre la sociedad. No es una exageración, la historia está repleta de ejemplos que ilustran cómo los pueblos despojados de derechos y de la capacidad de producir y ganar su propio sustento, pierden también su condición de individuos libres y, como animales de corral, se someten a la voluntad de quien les procuran lo mínimo indispensable para no morir de hambre.

 

La cartilla, que según las propias declaraciones oficiales provoca gastos astronómicos al Estado en su celo por garantizar al menos una parte de la alimentación del pueblo, es –más que un bondadoso subsidio– una inversión política. En realidad, casi podría asegurarse que de no ser por la cartilla que administra el hambre evitando la hambruna, este país hubiese sido ingobernable.

 

La importancia que el régimen otorgó al sistema de racionamiento se refrenda en multitud de ejemplos que persisten. Toda una institución administrativa creada para tales efectos, con oficinas municipales –antes OFICODA, actualmente ORC (Oficina de Registro del Consumidor)–, empleados, archivos, almacenes y centros de distribución y venta, encargada de velar porque se cumpla la asignación de consumo exacta para cada cubano, incluyendo la concesión de exiguos productos “extra” para enfermos crónicos validados por certificados médicos, e incluso el control de campañas como la llamada “revolución energética” –con la entrega a nivel nacional y el control del pago de los equipos eléctricos chinos durante uno de los últimos delirios del deteriorado Comandante en Jefe.  

 

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Así, la mal llamada “libreta de abastecimientos”, en cuyos inicios y por varias décadas cubrió una lista considerable de productos racionados, tanto alimenticios como otros de uso doméstico, comenzó a contraerse sin llegar a desaparecer a medida que los efectos del fracaso del sistema se sucedían uno tras otro. Fue, probablemente, el auxiliar más efectivo del gobierno para contener el descontento popular bajo los embates de la crisis de los ´90, cuando se comenzaron a racionar incluso las compresas sanitarias femeninas; y en los últimos años, con el advenimiento del “raulismo”, ha sufrido drásticos recortes al mantener subsidiados solo algunos productos básicos, pese a que los cubanos no han recuperado la autonomía productiva y el salario medio no llega a un dólar diario.

 

La cartilla se ha convertido en un documento que forma parte inseparable de cada familia, a tal punto que a cualquier cubano humilde, principalmente del amplio sector de la tercera edad, le preocupa más la pérdida de la cartilla que la de su documento de identidad. Porque no solo se siente parcialmente protegido en sus necesidades de consumo, sino que ésta ha propiciado todo un mecanismo de trueques ideados por la creatividad popular para suplir otras carencias. De esta manera, los productos asignados que algún miembro de la familia no consume son utilizados para intercambiarlos o venderlos y así adquirir otros necesarios. Por demás, también se ha desarrollado un mercado subterráneo, tanto con la certificación ilegal de “dietas” con tarifas fijas como con los productos propiamente dichos, que escapa por completo al control de las autoridades, incapaces de cubrir las necesidades básicas de la población y de eliminar la corrupción que es fuente de subsistencia para la mayoría de los cubanos.

 

La cartilla además ha dado origen a nuevos vocablos y frases que algún día formarán parte del lexico socialista que alguien habrá de escribir. Solo los nacidos y crecidos bajo un sistema que tiene el discutible mérito de haber sistematizado la miseria, sembrándola como si de una virtud se tratase en la conciencia de una parte significativa de sus víctimas, conocemos el significado de frases que, en buena lid, resultan ofensivas y humillantes para la dignidad de las personas. Quiénes, si no nosotros, sabrían interpretar el lenguaje cifrado de la pobreza estandarizada: plan jaba, pollo por pescado, pollo de población, picadillo de niño, pescado de dieta, lactoso y para viejitos, café mezclado, arroz adicional…; o las ya desaparecidas picadillo extendido, carne rusa, fricandel, masa cárnica, perro sin tripa y otras lindezas por el estilo.

 

Pero en estos tiempos difíciles el sostenimiento de la cartilla por parte del gobierno se hace prácticamente imposible. He aquí que esa herramienta de control debe desaparecer, tal como ha anunciado directa o veladamente el General-Presidente en más de una ocasión, porque –otrora instrumento utilísimo para el gobierno– se ha tornado un lastre insostenible en medio de la crisis final del sistema. Por otra parte, el régimen no puede darse el lujo de despojar de subsidios a una mayoría pobre que escasamente sobrevive con la ayuda de la cartilla. Al menos no puede hacerlo sin pagar un alto costo político por ello, además de la amenaza de enfrentar un probable aumento del descontento y el desorden social. La cartilla, pues, se ha trocado en un bumeran para el sistema.

 

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No obstante, la asignación de alimentos se ha seguido contrayendo, como parte del plan gubernamental de eliminar gradualmente los subsidios. En la actualidad, la cartilla es una magra libretita con 10 pequeñas hojas para marcar lo que “le toca” mensualmente a cada persona: 7 libras (lb) de arroz, 3 lb de azúcar blanca, 2 lb de azúcar morena, ¼ lb de aceite, 10 onzas de granos, 11 onzas de pollo que sustituye la antigua cuota de pescado, 1 lb de pollo “de población” o picadillo, 10 huevos, 400 gramos de espaguetis, un minúsculo pan de 80 gramos y, de vez en vez, media libra de mortadella con soya. Los niños de 0 a 3 años reciben una limitada cantidad de compotas y leche en polvo hasta los 7 años, de los 7 a los 14 reciben una cuota de yogurt de soya. Tal es la cesta básica oficial.

 

 

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