¿Puede ser el crédito bancario un derecho? 


En 2014, el crédito bancario al sector privado cayó por cuarto año consecutivo. El descenso acumulado es de casi el 25%, lo que equivale a 453.600 millones de euros. ¿Por qué cae el crédito? Porque el sector privado, en los años previos a la crisis, se endeudó en exceso. El crédito bancario por habitante creció desde 18.900 euros en 2003 hasta 40.700 euros en 2008 (+115%). Ahora es de 30.000 euros/habitante. La crisis es, desde este punto de vista, la historia de llevar el nivel de deuda a un nivel “sostenible”.

Dentro de ese marco general, hay cuestiones de demanda (los que piden prestado) y de oferta (los que prestan). Por ejemplo, el mismo exceso de deuda hace que muchas familias y empresas tengan más interés en amortizar préstamos que en endeudarse. Las exigencias de mayores provisiones hacen que los bancos sean más solventes, pero también incentivan un menor nivel de préstamos. La propia crisis realimenta la tendencia a un menor crédito al debilitar la solvencia de los prestatarios (por el mayor paro, la morosidad, etc.). Este marco general no quita que haya casos de demanda solvente que ha sido rechazada.

Ajenos a este contexto, hay quien propone que el crédito bancario pase a ser un derecho. Es decir, que los bancos tengan la obligación de prestar a cualquiera que lo pida. Se argumentan, entre otras cosas, la supuesta culpa de los bancos en la crisis (“si no hubieran dejado de prestar …”) y la necesidad de crédito para que crezca la economía. Esta propuesta va siempre unida a la de creación de una banca pública. Creo que sería un gran error poner en práctica cualquiera de las dos propuestas.

En primer lugar, es falso que la crisis haya sido provocada porque los bancos dejaron de prestar. La misma tuvo que ver con el aumento temerario del gasto público entre 2003 y 2009 (+65%) y la falta de reformas. Si el negocio de los bancos es precisamente prestar dinero, lo lógico es pensar que hubo razones que les hicieron reducirlo, como las antes apuntadas. Es falso también que la expansión del crédito sea condición necesaria para la recuperación de la economía. Tanto en 1994 como en 2014, el PIB comenzó a crecer a pesar de que el crédito total seguía (sigue) en descenso.

Los bancos prestan el dinero de los depositantes. Por eso deberían ser siempre muy prudentes a la hora de conceder préstamos. Obligar a los bancos a conceder préstamos a cualquiera no los perjudicaría a ellos, sino a los depositantes, cuyo dinero correría el riesgo de perderse.

Los recursos son, por definición, escasos. Aunque la Constitución consagrara un “derecho al crédito”, no habría recursos para atender una demanda potencialmente infinita. Excepto si España saliera del euro y el Banco de España imprimiera tantas “nuevas pesetas” como le demandaran. Si el crédito fuese un derecho, el mismo dejaría de asignarse por criterios económicos y pasaría a ser una cuestión de suerte (“el primero en llegar, se lleva la pasta”). Tampoco habría incentivo para devolver los préstamos: siempre podrían pagarse con nuevos créditos.

España ya tuvo con las extintas cajas de ahorro la experiencia de asignar el crédito con criterios “políticos” en lugar de económicos: malas inversiones, que se traducen en créditos incobrables, que a su vez dan lugar a “rescates” para evitar la quiebra del sistema. Digámoslo claramente: no existió un rescate “bancario” sino un rescate a las cajas de ahorro politizadas.

La creación de una banca pública supondría multiplicar los riesgos de la propuesta “créditos para todos”. Mucho más si toda la banca fuera nacionalizada. Ya no solo estaría en riesgo el dinero de los depositantes sino el de todos los contribuyentes. Carece de sentido proponer la creación de una banca pública cuando aún la sociedad no ha terminado de pagar los costes de la gestión politizada de las cajas de ahorro. ¿Aprenderemos las lecciones que nos da la historia?


Articulo originalmente publicado en Libremercado

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