Tras las elecciones del 24M se abre un periodo de incertidumbre en España.


La democracia española es harto deficiente (claro que si nos ponemos estrictos, todas lo son). Los poderes legislativo y ejecutivo tienden a ser el mismo, y el judicial se ve muy mediatizado por el ejecutivo. Los “representantes del pueblo” lo son más bien de la cúpula de sus partidos u oligarquías, las cuales, a su vez, tampoco cumplen el mandato constitucional de tener un funcionamiento interno democrático, suponiendo que ello sea posible. Por otra parte, el nivel intelectual y moral de esas oligarquías, así como de los medios de masas, es peligrosamente bajo, como demuestran a cada paso.  
Los fallos de la Constitución son evidentes, desde la declaración demagógica del “derecho” de los españoles a una vivienda y a un trabajo, hasta la vía abierta a la desintegración de la nación mediante el vaciado de las competencias de los gobiernos centrales por las llamadas autonomías.

Las oligarquías o partidos han demostrado hasta la saciedad, ya a partir de la propia Constitución, su carencia de un verdadero pensamiento democrático y, lo que quizá es más grave, de sentido de la nación y de Estado. Así ha sido posible un avance terco y persistente de los separatismos, apoyados y financiados por los gobiernos de PP y el PSOE, partidos que se dicen nacionales sin serlo. Así ha sido posible que el PSOE rescatase a la ETA del borde del abismo premiando sus crímenes con legalidad, dinero público, proyección internacional, liberación solapada de presos, etc. Política seguida luego por el PP de Rajoy y en sí misma un delito gravísimo de colaboración con banda armada y ataque fundamental al estado de derecho, aparte de desprestigiar al Estado y dar un nuevo refuerzo a los separatismos. O que se haya dado una versión muy dudosa y en todo caso incompleta del atentado-matanza del 11M en Madrid. O que un llamado “Tribunal Constitucional”, organizado por los partidos para burlar la Constitución, haya avalado numerosas medidas anticonstitucionales y antidemocráticas tomadas por las oligarquías. O que se haya promulgado una ley totalitaria y esencialmente falsaria, llamada “de memoria histórica”, que manifiesta la identificación política-sentimental de sus autores con los chekistas y asesinos fusilados por el franquismo, así como con la ETA. O que se hayan promulgado leyes de “género” contrarias a las garantías jurídicas. O que se haya establecido ilegalmente en muchos lugares una enseñanza “bilingüe” como si España fuera un país bilingüe español-inglés a semejanza de muchas colonias. O que los oligarcas se sientan autorizados a ceder “grandes toneladas de soberanía” como si esta fuese una propiedad particular suya… Y así podríamos seguir largo rato con los desmanes de esa gente.

La ley de “memoria histórica” tiene importancia especial, aunque unos políticos corruptos no la hayan querido ver: significa el falseamiento sistemático de la verdad histórica, y su efecto profundamente desmoralizador de la ciudadanía es evidente. Lo que han demostrado las últimas elecciones es que los oligarcas, la clase o casta política y los grandes medios de masas, ha conseguido trasladar a la sociedad, a gran parte de ella, su ínfima talla intelectual y moral, su corrupción, distrayendo a la gente de los problemas más profundos con una especie de pornografía política bien visible en las campañas electorales, o provocando movimientos de protesta ciega.

Hay algo positivo, no obstante, en estas elecciones: se ha demostrado que las oligarquías tradicionales están en decadencia y se ha abierto una crisis política general más profunda. Ello crea una posibilidad de alternativa para una opción realmente nacional y más seriamente democrática. Las crisis pueden desembocar en catástrofes, pero también abrir el camino a una regeneración efectiva.

Rajoy no ha ganado una sola elección, ni siquiera ante un rival tan barato como Zapatero, con quien prefirió colaborar, en vez de hacerle oposición efectiva. Las elecciones que le llevaron al poder se las ganó la crisis económica, y obtuvo el gobierno mintiendo desaforadamente, para llevar a cabo una política contraria a la prometida. Una política que seguía en todo, también en lo económico, la de Zapatero. El hombre de “la economía lo es todo” puede ir enterándose de que hay más cosas en la vida de una nación. 

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